Los abogados critican la nueva Ley de Justicia Gratuita

Los responsables de los colegios de abogados de Madrid, Barcelona y Málaga han criticado el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, puesto en marcha por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Comentan que podría poner en peligro el derecho de defensa y el servicio público al ciudadano.

Los responsables de los abogados creen que esta Ley no garantiza la financiación pública suficiente y sigue vinculando las tasas a la justicia gratuita. Además, se ha perdido la figura de la mediación para poder resolver algunos conflictos. Concretamente, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Josep Oriol, ha señalado que la Ley retrocede en los derechos fundamentales y la ha comparado a Ley de Seguridad Ciudadana también recientemente aprobada.

Una de las razones de estas críticas se deben, sobre todo, a que la Ley permite que cualquier abogado pueda dar asistencia de oficio donde sea, aunque esté en otro lugar donde no está su despacho normalmente. Oriol ha criticado también que la Ley engloba a muchos colectivos como beneficiarios de la justicia gratuita sin comprobar si realmente lo necesitan o no. Algo que debería depender de las situaciones económicas de cada persona.

Por su parte, el decano del Colegio de Málaga, Javier Lara, ha informado que este proyecto de Ley establece la obligación de ratificar el expediente de justicia gratuita para recurrir en segunda instancia y ello puede provocar situaciones de indefensión. Y que supone un retroceso nada beneficioso para la ciudadanía en general. Aún así, el decano del Colegio de Málaga establece que se está dialogando con el Ministerio de Justicia y con los grupos parlamentarios para mirar de establecer nuevas medidas.

Además, el Ministerio de Justicia ha informado que las entidades medioambientales tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos. Por un parte, se incluirán en una enmienda que presentará el Grupo Parlamentario Popular y se fijará que las personas jurídicas con este derecho y los trabajadores sólo serán condenados en costas cuando el tribunal aprecie temeridad o mala fe. Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones han visto elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el IPREM (de 19.170 a 31.950 euros).